13 marzo, 2014

Verdades difíciles: Dificultades probatorias en el proceso civil chileno” se titula el proyecto de investigación del director de la Escuela de Derecho UACh que fue aprobada por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, y cuyo co investigador es el Dr. Andrés Bordalí.

El proyecto de investigación del académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, Dr. Iván Hunter Ampuero, titulado “Verdades difíciles: Dificultades probatorias en el proceso civil chileno”, fue aprobado por el concurso Fondecyt Regular 2014.

“El proyecto trata de determinar cómo deben tratarse en los tribunales de justicia los casos donde la prueba, ya sea por la naturaleza compleja de los hechos o por la disponibilidad de los medios de prueba, si estos casos son posibles de identificarlos y luego qué tendría que hacer el juez que se enfrenta a ese caso. Lo que se hago allí es reconocer una serie de hechos que se consideran por la doctrina y por la jurisprudencia como hechos de difícil prueba, como el sufrimiento, el dolor, las intenciones, los hechos íntimos, hechos antiguos; por ello propongo que esto no es un problema de valoración de la prueba sino de estándar de prueba. La idea es responder a la interrogante acerca de cuánta prueba es necesaria para que el juez considere que es verdadero un hecho de difícil prueba”, explicó el Dr. Hunter, quien es profesor de Derecho Procesal. El académico tratará también el tema de las verdades difíciles en el Magíster de Derecho.

“Nadie se ha preocupado lo suficiente de la prueba de estos casos, si hay algo novedoso en este proyecto es que es una investigación académica teórica con repercusiones de carácter real, suponiendo un diálogo entre teoría y práctica para tratar de disminuir la brecha de error”, indicó.

El proyecto tiene por finalidad determinar y reflexionar críticamente acerca de las prácticas y herramientas utilizadas por la doctrina y jurisprudencia para hacer frente a los casos de dificultades probatorias en el proceso civil.

El gran objetivo de esta investigación es analizar las técnicas o razonamientos probatorios comúnmente utilizados por parte de nuestros tribunales de justicia y la doctrina para flexibilizar el rigor de la prueba de ciertos hechos que, típicamente o de acuerdo a las circunstancias de un caso concreto, pueden considerarse de difíciles o imposibles de acreditar. Esta finalidad general se logrará mediante metas parciales, que especifican el enfoque del problema y que justifican la necesidad de revisar esos razonamientos probatorios.

Este trabajo, del cual es co investigador el decano de la Facultad Dr. Andrés Bordalí,  contempla una seminario el año 2015 y una estadía de investigación en la Universidad de Girona que pudiera complementarse con otra universidad italiana.

Hipótesis

La primea hipótesis sostiene que la doctrina como la jurisprudencia nacional reconoce implícitamente ciertas hipótesis excepcionales de dificultad probatoria, que intentan solucionar mediante la utilización de técnicas o razonamientos probatorios comúnmente aceptados, pero que tienen un grado muy bajo de fiabilidad pudiendo generar decisiones injustas por el incorrecto establecimiento de los hechos.

La segunda suposición plantea que los tribunales de justicia han operado contradiciendo las reglas de valoración legal de la prueba, anclándose en los espacios de libertad que éstas le permiten, por medio de la construcción de presunciones judiciales de escaso valor espistémico.

La tercera conjetura sostiene que es posible construir criterios objetivamente controlables como el estándar de la mejor prueba disponible, que permitan, por un lado, evitar situaciones de indefensión procesal facilitando la tutela de los derechos, y por el otro, que acerquen la decisión judicial lo más posible a la realidad fáctica que pretende zanjar.

Proyectos ganadores

Este año, fueron 581 los proyectos adjudicados por el Concurso Regular del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt), lo que equivale a un total de $ 70 mil 191 millones entregados en las distintas disciplinas incluidas en la convocatoria.

De ellos, 30 trabajos corresponden al área de Ciencias Jurídicas y Políticas, lo que se traduce en la entrega de $ 1.462 millones 359 mil para esta línea de investigación, de los cuales cinco fueron presentados por planteles de regiones. Un crecimiento en comparación con la edición anterior de la convocatoria, donde se repartieron poco más de $ 760 millones para 23 proyectos en esta subcategoría.

Fuente: UACh

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