13 marzo, 2018

Patricio Sanhueza, rector UPLA, advierte que las distintas instancias que agrupan a este tipo de instituciones, se convertirán en un observatorio a fin de cautelar que el Gobierno haga efectiva las leyes sobre la educación superior que se aprobaron.

Con una agenda recargada, a la que se suma su nuevo rol como presidente del Consejo de Rectores de Valparaíso (CRUV), a partir del 7 de marzo pasado, Patricio Sanhueza Vivanco, rector de la Universidad de Playa Ancha, hace un respiro para analizar los principales hitos que se tomaron la agenda universitaria durante 2017. Junto con ello,  resalta el valor de las universidades estatales, y en especial, el impacto que eventualmente pueden generar en su entorno. Sin embargo, advierte que para actualizar este potencial, es necesario implementar las leyes aprobadas por el gobierno saliente, proceso que seguirán atentamente, en calidad de observatorio de la implementación del cuerpo legal que las afecta.

Con su característico tono pausado, pero firme, Vivanco inicia su análisis, haciendo hincapié es el rol de la educación pública, sin dejar de  evaluar los logros alcanzados durante 2017.

“Las universidades se mueven en contextos complejos. El 2017 fue un año donde los proyectos de ley se aceleraron mucho más y eso significó que las distintas instancias tanto del Consejo de Rectores como del Consorcio de Universidades Estatales y de la Agrupación de Universidades Regionales, e incluso el G9, estuvieran atentas a estos procesos y expusieran sus opiniones para que la educación pública tenga una relevancia en nuestro país y, particularmente la de carácter universitaria”.

-Fueron muchas las expectativas que se generaron en torno a estos proyectos e incluso hubo riesgo de que no se aprobaran. En su opinión, cuál es el concepto que hay tras estas iniciativas?

 “Buscamos leyes que defendieran, que protegieran que cautelen el concepto de la educación pública en la educación superior. Se logró, por ejemplo, que la gratuidad no fuese un tema exclusivamente presupuestario, sino que quedara como ley permanente, que fuese progresivo en el tiempo, porque la educación es un derecho social y no un bien de consumo”.

-¿Usted está conforme con lo que se logró?

 “Me parecía, y así lo hemos expresado en distintas instancias, que el modelo (que sustenta el funcionamiento de las universidades) había que cambiarlo, porque efectivamente, las leyes que se aprueban no transforman el modelo y, por lo tanto, sigue existiendo competencia entre las instituciones de educación superior”.

-¿De qué forma enfrentarán esta situación?

 “Hay una oportunidad para las universidades estatales, la que se canaliza a través de la existencia de un consejo para que abordemos este tema en conjunto. La idea es que también otras instancias del Estado se involucren y que ese consejo se constituya en una red de universidades públicas”.

-En unos días más asumirá el nuevo ministro de Educación, el abogado Gerardo Varela, quien ha defendido el lucro y rechazado la gratuidad tanto en educación como en la salud. Cómo evalúa esta posición del futuro ministro?

Con todo el cuidado que significa haber escuchado declaraciones previas del próximo ministro de Educación, entiendo que su idea es hacer equivalentes a todas las universidades, simplemente porque llevan el nombre de universidad. Bueno, esto no me parece, pues las universidades estatales tenemos una misión especial, que nosotros cautelamos por tantos años. Me refiero a la responsabilidad que tenemos como universidad pública, con los bienes públicos, y con una vocación de servicio que nos distingue en la contribución que hacemos permanentemente  a la sociedad. Por lo anterior, estas declaraciones me preocupan”.

-¿Qué es lo que le preocupa concretamente?

 “Que se relenticen estos procesos y que la aplicación de la ley no tenga el ritmo que se espera. Dado que existen leyes aprobadas, el Ministerio se aboque a hacer que se cumplan, porque representan la voluntad de la soberanía y en un  Estado democrático y de Derecho, obviamente, los servidores públicos y las autoridades están llamados a cumplir la ley. Por este motivo, estos organismos a los que pertenecemos, tienen que actuar tremendamente unidos y en bloque, a fin de tener una voz consensuada para pedir el cumplimiento de las leyes. Queremos transformarnos en un observatorio del cumplimiento de las leyes”.

-Siempre en el ámbito nacional, en su calidad de rectores, visualizan que podría ser un año complejo, desde el punto de vista de las movilizaciones?

“Espero que el gobierno actúe con sabiduría en estos temas y dé señales claras de voluntad para que estas leyes se cumplan. Las universidades estaremos atentas a que así sea. Todos sabemos que el Estado ha tratado muy mal a sus propias universidades, por muchos años, y que  existe una deuda con muchas de ellas, especialmente las de carácter regional, y todo este tiempo ha permitido reivindicar aquello que constituye una deuda con  las universidades estatales”.

-¿Puede precisar esa idea del maltrato?

“Nosotros tenemos todas las obligaciones y controles que nos impone el Estado. Sin embargo, los aportes que éste ha hecho a nuestras instituciones, es totalmente insuficiente. Y así y todo, con esa mezquindad hacia nuestras instituciones, hemos podido demostrar que tienen capacidad para mejorar en su calidad; La Universidad de Playa Ancha, es un buen ejemplo, porque a pesar de recibir pocos aportes, cuenta con un importante reconocimiento público por la calidad de su quehacer; por su responsabilidad e interlocución que tiene con la sociedad; por el perfil de sus estudiantes; y por los aportes a la cultura, al arte, la ciencia y la educación”.

-Entonces, a su juicio ¿cuál debería ser el rol del Estado respecto sus propias universidades?

“Lo que quiero destacar es que las universidades públicas tenemos un firme sentido de responsabilidad social, que debe ser resguardado y potenciado por el Estado. Sin duda, nuestro fin es aportar para lograr un mejor lugar para vivir, porque no se entendería una universidad estatal sin hacer carne el sentido de lo público”.

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