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Sobre la nueva legislación de Educación Superior: Universidades Estatales para un Chile integrado y sustentable

El 25 de enero de 2018, el Congreso de la República aprobó un nuevo marco jurídico para la Educación Superior: una Ley de Educación Superior que norma el conjunto del sistema, y una Ley de Universidades Estatales. Estas dos leyes regirán la educación superior en Chile en los años que vienen.

El Senado Universitario, en tanto órgano universitario superior y estratégico de la Universidad de Chile, ha venido dando seguimiento, estudiando y pronunciándose respecto de estas iniciativas legislativas desde que comenzaron hace tres años (puede consultarse en Observatorio Legislativo www.reformauniversitaria.cl y www.uchile.cl/senado)

Desde hace más de una década, la comunidad educacional, particularmente a partir del movimiento estudiantil de 2011, había puesto en primer plano la necesidad de transformar el modelo de educación superior que el país había heredado de la dictadura. Esta nueva legislación surge como respuesta a esas demandas y representa los avances y limitaciones de la educación superior en una sociedad que sigue dominada por el paradigma de la mercantilización de la educación, la cultura, las ciencias y las artes.

Valoramos algunos avances que proponen estas leyes, como la intención de ampliar la gratuidad; los progresos en la regulación del sistema; y sobre todo, el reconocimiento por ley de las universidades estatales, que a diferencia de las privadas, son instituciones con características, responsabilidades y un papel específico en la sociedad. La creación de una red nacional de universidades del Estado y de mecanismos solidarios de apoyo y fortalecimiento de las instituciones estatales son progresos importantes.

También advertimos las limitaciones de estas leyes, particularmente en la falta de reconocimiento de la educación como un derecho social, ya que no se modifican sustancialmente los mecanismos de financiamiento mercantiles que han llevado a la crisis de la educación superior que hoy forman parte de nuestra realidad; la propuesta del Estado como un ente fomentador y no garante de la educación superior estatal; la ausencia de reconocimiento de una diferencia radical entre las instituciones de la cultura y las empresas de bienes y servicios; la permanencia de la educación técnica con un papel de menor que permite, además, el lucro de estas instituciones; el no aseguramiento de la investigación y la creación como funciones esenciales, despejando el camino a las universidades docentes; la eventual atomización de la comunidad universitaria frente a la potencial existencia de distintos regímenes laborales para académicos y no académicos; y la limitación de la autonomía de las universidades estatales.

Dado el marco que estas leyes imponen, particularmente para las universidades estatales, queremos entregar sintéticamente nuestra visión respecto de ellas, con el objeto de llamar la atención de la comunidad universitaria sobre los grandes desafíos que nos esperan.

  1. IMPORTANCIA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL. Es muy relevante que exista una ley que reconozca a las universidades estatales como instituciones que cumplen un papel estratégico en el país, como las FFAA o el Poder Judicial, y que tienen especificidades esenciales entre las universidades chilenas. Ellas son estratégicas y, en su calidad de instituciones de investigación, creación y enseñanza pública, constituyen el pilar básico del Sistema Nacional de Educación Superior, porque responden a la visión de largo plazo que sustenta al país y que solo el Estado puede asegurar. Tienen especificidadesesenciales porque aseguran condiciones de producción de conocimiento guiadas por el interés público y no condicionadas por presiones externas de corto plazo, provengan estas del mercado o de agendas particulares que no recogen la riqueza del pensamiento y la cultura de la sociedad en todos sus matices. Las universidades del Estado son el espacio de encuentro de todos los sectores sociales e ideológicos del país y sus estudiantes aprenden en ellas a convivir con ideas, culturas y costumbres diferentes. Las universidades estatales son, en este sentido, el crisol de ciudadanía y la columna vertebral de la integración y la sustentabilidad social del país. Son también expresión de un estado democrático y factor de democratización de las sociedades.
  2. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y RED DE UNIVERSIDADES ESTATALES. Es crucial, para aprovechar sus potencialidades, que las universidades del Estado trabajen de manera integrada y armoniosa a lo largo del país. Las universidades estatales son el espacio donde se formula una visión estratégica de cada región y del país en general. Por ello, es fundamental el fortalecimiento de una red de universidades estatales y el establecimiento de mecanismos de apoyo colaborativo de unas con otras y con los Centro de Formación Técnica regionales.  Es necesario el compromiso del Estado con todas sus universidades, apoyando a las que tienen más dificultades y obstáculos y potenciando a niveles aún más altos a las más desarrolladas.
  3. COMPROMISO CON EL PAÍS Y AMPLIACIÓN DE MATRÍCULAS. El sistema de universidades estatales debe ser capaz de hacerse cargo de los retos que el mundo actual plantea a la sociedad y al Estado. Hay dos dimensiones esenciales a este respecto. Por una parte, debe apoyar e incentivar la investigación en problemas estratégicos en el ámbito social, cultural y ambiental, como los relacionados con el territorio, los pueblos originarios, los desastres naturales, la salud y el envejecimiento de la población y la sustentabilidad productiva, entre otros. Por otra, las universidades del Estado deben contar con una infraestructura y un marco jurídico adecuado que permita el acceso de los jóvenes que quieran ingresar a ellas para formarse y comprometerse con su país.
  4. CIUDADANÍA Y GOBIERNO UNIVERSITARIO. Las universidades estatales tienen la responsabilidad de cimentar la ciudadanía y la democracia. Esto se aprende no solo conviviendo con otros diferentes, sino también comprendiendo en la práctica lo que significan el gobierno y la construcción de comunidad. Por ello, la participación de la comunidad en diferentes niveles del gobierno de la universidad es parte sustancial del aprendizaje ciudadano en estas instituciones y es parte de su riqueza distintiva. Ello, combinado con la necesaria buena gestión, permite formar un ambiente virtuoso que combina prácticas ciudadanas con creación y producción de conocimiento.
  5. INSTITUCIONALIDAD Y FINANCIAMIENTO. Las universidades del Estado son instituciones que deben ser modelos de infraestructura, gestión y condiciones laborales centradas en el quehacer académico y, al igual que otras instituciones fundamentales de la república, es necesario que cuenten con los recursos para desarrollarse. Deben ser ejemplo de espacios de buena convivencia entre quienes enseñan, aprenden, investigan y crean, quienes desarrollan las condiciones materiales para que ello suceda, y quienes trabajan en la gestión, el mantenimiento, los laboratorios, las bibliotecas y los servicios. Es en las universidades estatales donde es posible establecer prácticas que luego se replicarán en todo el país: ciudadanos con diferentes labores conviviendo y proyectando a la sociedad.

El Senado de la Universidad de Chile continuará profundizando el análisis de la nueva normativa, estudiaremos su implementación e impacto en el sistema y expresaremos la opinión de nuestra comunidad universitaria, compuesta por académicos, funcionarios no académicos  y estudiantes.

Llamamos a las comunidades universitarias a informarse (www.reformauniversitaria.cl y/o www.uchile.cl/senado)  y a desarrollar debates en las mismas universidades, a esforzarse para que cumplan su misión, a exigir de las autoridades del país los apoyos necesarios, y a comprometer a las comunidades a entregar lo mejor de sí por el bien público, por nuestra sociedad y por el futuro de nuestro país.

SENADO UNIVERSITARIO, UNIVERSIDAD DE CHILE, ENERO 2018.

“El rol de las universidades estatales garantizó que lo fundamental de una universidad pública estuviera presente y defendido en la ley”

Tras la aprobación del proyecto de Ley sobre Universidades Estatales este miércoles 24 de enero -en el que en los últimos trámites legislativos se logró duplicar el presupuesto del plan de fortalecimiento y la creación de un Comité de Coordinación- los rectores del CUECh, encabezados por su presidente y Rector de la Casa de Bello, Ennio Vivaldi, se reunieron con la Presidenta Michelle Bachelet y la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

Con esta ley “vuelve a haber el concepto de universidad estatal de manera explícita”, destacó Vivaldi.

Un largo proceso, marcado por la participación de las universidades estatales y sus comunidades en las instancias legislativas concluyó este miércoles 24 de enero con la aprobación de la Ley Sobre Universidades Estatales, misma jornada en la que se aprobó la Ley de Educación Superior cuyo articulado consagra la gratuidad.

La normativa establece un Plan de Fortalecimiento de 300 mil millones de pesos a diez años, estipula la posibilidad de aumento de matrícula para estas instituciones por sobre los límites definidos por la política de gratuidad, y genera un marco común para la gobernanza institucional, entre otras materias.

El Rector de la U. de Chile y Presidente del Consorcio de Universidades Estatales, destacó que con esta normativa “vuelve a haber el concepto de universidad estatal de manera explícita”.

Para ello, enfatizó Vivaldi, “el rol de las universidades estatales permitió garantizar que los conceptos fundamentales en torno a una universidad pública estuvieran presentes y defendidos en esta ley, y en eso estuvimos bien. Nos alegramos de haber podido avanzar en ese sentido”.

Agregó además que esta normativa constituye “un gran triunfo para Chile. Es un hito, es un reencuentro con una tradición que nos marca desde nuestro nacimiento como República, que es tener una universidad estatal y que representa pensar a Chile, incorporar a todos los sectores sociales, políticos y religiosos en torno al concepto de universidad pública”.

Por su parte, el Vicepresidente del Cuech y Rector de la U. de Antofagasta, Luis Loyola, señaló que esta ley es una buena noticia en tanto “nos permite establecer un sistema de educación superior estatal” ello implica “que vamos a tener una colaboración académica, una movilidad estudiantil que nos va a favorecer y nos va a permitir trabajar en conjunto”. Además, hizo hincapié en el aporte de esta ley para las universidades estatales regionales, señalando respecto a contar con buenos profesionales distribuidos a lo largo de todo el país “podemos asociarnos con ellos y con eso vamos a ganar todos…de esa manera podemos hacer mejor las cosas, podemos tener una visión distinta”, puntualizó.

También manifestó su satisfacción con la iniciativa el Rector de La U. de Santiago de Chile, Juan Zolezzi y miembro del Directorio del Cuech, señalando que “esta aprobación constituye la culminación de años de luchas por parte de las universidades estatales” y respecto al futuro que les espera indicó que “la educación superior de Chile y las Universidades del Estado, a partir de hoy, viven un nuevo presente”. Al finalizar y respecto a si la iniciativa había cumplido con todas las demandas de las universidades, planteó que “hay aspectos que mejorar, por supuesto, y para ello trabajaremos decididamente”.

Desde el Ejecutivo, la ministra Delpiano manifestó que esta ley “lo que hace es que el Estado, que tiene sus universidades, actúa efectivamente en esa lógica y le da este carácter público de que le puede pedir cosas a sus universidades y que las tiene que apoyar”.

“Cada gobierno le pone un sello a su quehacer pero las leyes son las leyes y estamos todos obligados a cumplirlas y esa es la gracia que cuando una política pública queda establecida en ley y no en un programa”, concluyó Delpiano.

Senado aprueba reforma a la educación superior: a un paso de convertirse en ley

La Cámara Alta despachó el proyecto consolida, entre otras cosas, la gratuidad en la educación superior. Este punto fue uno de los más discutidos por los senadores que participaron en la votación.

El proyecto está caracterizado por el establecimiento por ley de la gratuidad universal en la educación superior. La reforma fue discutida y aprobada para emplear cobertura a los seis primeros deciles socioeconómicos. Esto se traduce en que quienes tengan un ingreso familiar per cápita igual o inferior a $193.000 podrán estudiar gratis en una institución adscrita a la Gratuidad. La discusión sobre este punto quedó abierta para expandir el beneficio estatal hasta el 100% de los estudiantes. Si bien, la Gratuidad lleva empleándose desde 2016, ésta era ejecutada a través de una glosa presupuestaria que debía aprobarse cada año.

Ante esto, Víctor Orellana, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, manifestó su preocupación al seguir considerando, a su juicio, la Gratuidad como una beca más. Argumentó también que la discusión debería avanzar más en los usos que las universidades le darán a los recursos que entregará el Estado a las casas de estudios. Precisamente, los rectores del G9 han manifestado que esto se podría traducir como una disminución de fondos destinados a la investigación, lo que terminaría por mermar la calidad de las instituciones.

Otro de los puntos que fueron aprobados, tanto por el Senado como por la Cámara Baja, fue el fortalecimiento de las funciones de la Superintendencia de Educación. Se le otorgarán tareas de fiscalizar efectivamente al lucro en las casas de estudios y exigirán la acreditación de todas sus carreras para ser impartidas.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, manifestó su conformidad con el despacho de esta ley. A través de su cuenta de Twitter, la secretaria de Estado expresó que con esta norma se está “haciendo un Chile mejor, más inclusivo, y con mejores estándares”. Además, recalcó que esta es la reforma educacional “más importante en los últimos 50 años”.

Ahora queda esperar que el proyecto pase por el control de legalidad del Tribunal Constitucional para consolidarse como Ley de la República.

¿Cuáles son los puntos claves de esta nueva reforma? Averígualo en la siguiente infografía: 

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G9 manifiesta sus preocupaciones respecto a la aprobación del proyecto de ley de Educación Superior

Este miércoles 24 de enero se aprobaron los proyectos de ley de Educación Superior y de Universidades del Estado. La Red de Universidades Públicas no Estatales valoró positivamente la aprobación de la reforma a la Educación Superior, proyecto de ley que estuvo en discusión un año y seis meses en el Congreso. Consideran, además, como un avance sustancial la inclusión en la ley de Educación Superior del Fondo Basal por Desempeño.

Sin embargo, señalan que hay algunos temas que no fueron incorporados en los proyectos de ley y que ponen en riesgo el fortalecimiento y la calidad del sistema de Educación Superior de nuestro país.

Plan de fortalecimiento equitativo

Los rectores del G9 siempre han estado de acuerdo con la necesidad de un reconocimiento y valoración a las Universidades del Estado, sin embargo, la decisión de duplicar los recursos del Plan de Fortalecimiento para éstas universidades evidencia una clara discriminación a las universidades públicas que forman parte del Consejo de Rectores, y que históricamente han recibido apoyo y financiamiento de parte del Estado para impulsar su desarrollo.

El Vicepresidente del G9, Rector Óscar Galindo, señala que “este hecho histórico, de no considerar en el proyecto de ley de Educación Superior un plan de fortalecimiento equitativo para las Universidades Públicas no Estatales del CRUCh, tendrá efectos negativos en el desarrollo de nuestras instituciones y afectará también a nuestros estudiantes, en especial a los de regiones. Ocho de las universidades de la red están emplazadas en regiones, por tanto, dado el despliegue nacional de las universidades del G9, excluir expresamente a estas instituciones de un programa de fortalecimiento tan relevante, supone excluir también a comunidades universitarias y territorios en los cuales nuestras instituciones cumplen un rol prioritario y, muchas veces, exclusivo”.

Debilitamiento del Consejo de Rectores

En diversas instancias del debate legislativo de los proyectos de ley de Universidades del Estado y de Educación Superior, en documentos con indicaciones a los parlamentarios, y cartas a la Ministra de Educación, los rectores del G9 han enfatizado su preocupación por los efectos que tendrá en el rol del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, la creación del Consejo de Coordinación de las Universidades del Estado. La posición del G9 es clara, lo anterior genera la coexistencia de dos Consejos, con calidad de organismos públicos con similares finalidades, presididos por el Ministro de Educación, situación que inevitablemente generará un debilitamiento y disgregación del Sistema de Educación Superior en su conjunto.

Al respecto, el Rector Óscar Galindo planteó que “los proyectos de ley de Universidades del Estado y de Educación Superior deberían fortalecer y potenciar el rol que, por más de 60 años, ha tenido el Consejo de Rectores, cuya trayectoria es fruto del trabajo colaborativo, entre el Estado y las universidades tradicionales -Estatales y Públicas no Estatales- del país, trabajo colaborativo que tiene como fundamental propósito, el fortalecimiento del sistema de educación superior del país en su conjunto”.

El G9 espera reunirse en marzo con el recién nombrado Ministro de Educación, para plantear éstas y futuras preocupaciones que surgirán a partir de la puesta en marcha del proyecto de ley de Educación Superior.

Senado aprueba el proyecto de ley que fortalece a las universidades estatales

La iniciativa, calificada por la ministra Adriana Delpiano como “un gran paso y un avance”, regula la organización y el funcionamiento de estas casas de estudios, fomentando su excelencia. 

El Senado aprobó hoy el proyecto de ley que fortalece a las universidades estatales, que queda en condiciones de ser revisado en tercer trámite constitucional en los próximos días.

En su intervención en la sala de la Cámara Alta, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, destacó que la iniciativa “es un gran paso y un avance contar con una legislación que el país no tiene, en materia del vínculo con las universidades que han sido creadas por el Estado”.

Este proyecto, que es parte de la Reforma Educacional, regula la organización y el funcionamiento de estas instituciones, con una visión sistémica, estructurada y de largo plazo, considerando las demandas del país. Además, recupera y explicita el rol del Estado en el fomento de la excelencia de estas casas de estudios.

Plantea la creación de un Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, que buscará promover la coordinación entre éste y las instituciones con una visión estratégica de largo plazo. También fomenta la pertinencia de las actividades de los planteles, en función de las necesidades y requerimientos de las respectivas regiones y regula por ley el financiamiento permanente de estas instituciones, a través del Convenio Marco para Universidades Estatales. Junto con ello, establece un fondo de fortalecimiento de $300 mil millones para los próximos años.

Asimismo, se moderniza el sistema administrativo de los planteles, entendiendo que como organismos autónomos requieren un trato diferenciado que facilite su gestión. Por otro lado, propone un nuevo sistema de gobierno para las instituciones que aún mantienen sus estatutos desde la dictadura, respetando el de aquellas que han establecido sus mecanismos de gobernanza con posterioridad a 1990.

Solicitan ley especial para financiamiento de “enfermedades raras”

 

Planteamiento fue hecho por agrupaciones de pacientes y expertos en coloquio Ricarte Soto: Obstáculos y Desafíos, organizado por IPSUSS U. San Sebastián y SOS Chile Salud. No obstante, Ministerio de Salud desestimó tener una normativa distinta para estas enfermedades.

 

En diciembre se cumplen dos años de la Ley Ricarte Soto, iniciativa que actualmente cubre 14 enfermedades de alto costo y que ha beneficiado a cerca de 4 mil personas. Pese a ello, agrupaciones de organizaciones de pacientes plantean que iniciativa no ha dado respuesta a las personas que padecen de enfermedades llamadas raras o huérfanas y solicitan que se genere un fondo de financiamiento distinto para estas patologías.

Este fue uno de los temas planteados en el Coloquio Ley Ricarte Soto: Obstáculos y Desafíos, organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) de la U. San Sebastián en conjunto con la organización SOS Salud Chile.

La integrante de la Comisión de Recomendación Priorizada establecida en la Ley Ricarte Soto en representación de la Sociedad Civil, Ana Leikin, indicó que “no puede ser que estemos dentro del mismo saco y por lo tanto, dentro del mismo presupuestos, que sabemos que un presupuesto acotado, hay multiplicidad de enfermedades: las enfermedades raras, las enfermedades de mediana prevalencia y enfermedades que todos conocen. Entonces, no podemos competir una colitis ulcerosa a una espondilitis anquilosante, con una bomba de insulina. Yo estoy de acuerdo que las enfermedades raras hay que hacerlas por otra vía, ya que se va mucho recursos y tiempo en discutir y asignar recursos”.

Concordante con esta opinión es la académica de la Facultad de Medicina de la U. San Sebastián, Francisca Rodríguez, quien asegura que “en las enfermedades raras hay pocos casos y como hay pocos casos, la evidencia científica es poca, entonces cuando uno evalúa -porque la Ley Ricarte Soto para decidir que un medicamento  o patología entra a la Ley hay proceso de evaluación de la evidencia- eso los hace competir entre ellos, entonces, evalúa las enfermedades raras, y en muchas veces no se encuentra evidencia o si se encuentra no es de calidad o los resultados o son tan buenos porque estadísticamente cuando hay pocos pacientes, los resultados no son tan significativos, entonces el costo-efectividad sale que no es costo efectivo. Por lo tanto, no podemos usar esos mecanismos para decidir que entre una enfermedad rara”.

Rodriguez acota que “si bien el reglamento hace una distinción para este tipo de enfermedades, se requiere una ley aparte, porque estas enfermedades raras compiten con aquellas que no lo son y con los medicamentos de alto costo en el minuto de entrada. Lo que digo es que debe haber una ley aparte, con presupuesto distinto a las otras patologías y que además no solo se preocupe de la incorporación de medicamentos, sino que también debe incentivar la investigación en el tema y otra series de cosas”.

La idea propuesta no tardó en ser respondida por parte de la autoridad sanitaria. La abogada y asesora den materias regulatorias del Ministerio de Salud, Andrea Martones, indicó que “yo creo que se confunde la competencia. Ahora, toda priorización si uno lo quiere mirar es una competencia de asignación de recursos, pero todos los países del mundo priorizan sanitariamente con distintos mecanismos. Me parece que las enfermedades de alta prevalencia sanitaria costo-efectivas, están ya cubiertas y su mecanismo de priorización en el Auge o GES. No hay más. El siguiente son aquellas que no son costo-efectivas y que son de alto costo, siendo efectivas igual, independiente de la prevalencia que tenga. No hay más universo. Esos son los dos subconjuntos de priorización sanitaria”.

La experta agregó que “seguir creando leyes específicas lo que único que hace es demorar el tema porque te demorarías años en dictar  tantas leyes como enfermedades hay y cuando pongas todas las enfermedades pocos frecuentes, van a salir las súper poco frecuentes o ultra raras, entonces no es la manera. Lo importante es el proceso de atención, la integralidad; las personas no se enferman de una solo cosa, tiene comorbilidades, entonces si uno no tiene una visión integral del proceso de atención y de cobertura, lo único que va a ser es entorpecer ese proceso de atención atentado contra los mismos pacientes. Si ya hoy es enredado el sistema para la gente, más adelante sería mucho peor”.

Por su parte, la diputada Karla Rubilar aseguró que «tal cual cómo está diseñada la Ley Ricarte Soto hoy, o hay una nueva ley para las enfermedades raras que contemple las particularidades de las mismas y el presupuesto acorde o se modifica la Ricarte Soto separándolas con un reglamento diferenciado y otro presupuesto de las de alto costo y alta prevalencia. Pero hacer “competir” las enfermedades raras en el marco actual es muy complejo y no viable ni sanitaria ni económicamente».

Director de Derecho de U. Autónoma expuso en seminario sobre Ley de Insolvencia y Reemprendimiento

Desde su entrada en vigencia a comienzos de 2014, siete mil personas naturales y 2 mil empresas se han acogido a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, que permite renegociar deudas con nuevas condiciones o liquidar bienes para saldar ese compromiso. Aunque pronto cumplirá cuatro años, la norma debe aún demostrar su eficacia en regular y transparentar los procesos de quiebra.

 

Así lo señaló el director de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, Patricio Valdés, durante su exposición en un seminario al que fue invitado para analizar los fundamentos y alcances de la legislación en esa materia.

 

A su juicio, “la ley no se hace responsable de regular la preinsolvencia; es decir, cuando los resultados financieros de una persona o empresa no están acordes a las expectativas. Y como no ha habido crisis económicas severas, tampoco se puede establecer si es capaz de cumplir sus objetivos”, puntualizó.

 

Añadió que algunos de los principios formativos del Derecho Concursal son el respeto de la igualdad de los acreedores, la continuidad de la empresa por medio de acuerdos de refinanciación, y la protección del interés público por parte del Estado.

 

El seminario se realizó en paralelo al lanzamiento del libro “Curso de Derecho Concursal”, del profesor Andrés Bustos y el abogado integrante de la Corte Suprema, Jorge Lagos.

 

El profesor Valdés trabaja actualmente en su tesis doctoral sobre insolvencia, en la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Es, además, miembro del Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

 

En el encuentro participaron también Carlos Parada, liquidador de los casos Chang e Inverlink, entre otros; el profesor de la Universidad de Chile, Rafael Gómez; el director del Departamento de Derecho Civil de la UNAB, Álex Zúñiga; y el director del Departamento de Derecho Comercial de esa casa de estudios, Andrés Bustos.

 

 

Experto sostiene que urge una ley que regule específicamente el uso medicinal del cannabis

  • El especialista en toxicología y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Leonel Rojo, sostiene que una norma de este tipo evitaría la venta de fármacos derivados de la marihuana que pueden inducir a engaño, al no tener presencia de cannabinoides. Según un estudio de Carabineros, ninguno de los 472 productos de este tipo que se comercializan en el país tiene este compuesto orgánico, que es en gran medida el que produce los efectos farmacológicos de la planta. 

Un inédito estudio realizado por el Centro de Análisis de la Dirección de Control de Drogas de Carabineros cifró en 225 la cantidad de tiendas, denominadas grow shop, orientadas al comercio de productos derivados de la marihuana en el país. Sin embargo, el mismo informe concluyó que de los 472 productos cannabis que forman parte de la oferta de estas tiendas, ninguno de ellos presenta cannabinoides, compuestos orgánicos responsables de los efectos farmacológicos de la planta. El vocero del OS-7 de Carabineros, Alejandro Molt, criticó esta situación. “Están haciendo una estafa, porque están ofreciendo algo a los consumidores que no es”, sostuvo.

Para el experto en toxicología y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Leonel Rojo, esta situación no ocurriría si existiese una ley específica que regulara el uso medicinal de la marihuana, de manera que no quedara circunscrito solo a la Ley 20.000, centrada en el tráfico de la droga.  “Esto aún no existe para los fármacos cannábicos y esa falta de regulación hace que proliferen negocios que pudieran ser engañosos”, explica.

De acuerdo al doctor en farmacología, la norma actual no especifica cuánto THC (tetrahidrocannabinol) se permite en estos fármacos, o quién puede venderlos y en qué lugar. El tetrahidrocannabinol es la principal sustancia psicoactiva del cannabis. “En el momento en que un producto tenga cannabinoides, no puede venderse en un grow shop, sino en una farmacia y con un farmacéutico”, enfatiza.

A juicio del especialista, Chile se encuentra atrasado en esta materia en comparación a otros países del mundo, por lo cual urge contar con esta legislación ya que, en la actualidad, la sociedad tiene necesidades de salud que pueden ser resueltas a través de estos productos.

“Hoy, se sabe suficiente como para entender que compuestos como el cannabidiol o el THC pueden ayudar a controlar algunas patologías, especialmente psiquiátricas e inflamatorias, pero no hay suficiente regulación al respecto”, insiste.

Finalmente, concluye que también se requiere inversión de parte del Estado para financiar investigación en torno a esta materia. Esto, a su juicio, permitiría someter a fármacos nacionales y extranjeros a una mayor cantidad de ensayos clínicos, para evaluar sus efectos particulares en la población chilena. “En investigación en cannabinoides, el Estado invierte cero”, afirma.

UA fue sede del I Congreso Internacional sobre Ejecución de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

Este es el primer encuentro de este tipo que se realiza en el Maule, en un esfuerzo mancomunado entre el Poder judicial, la U. Autónoma de Chile, el SENAME y la Defensoría Penal Pública

En el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Chile en Talca se llevó a cabo el Primer Seminario Internacional sobre Ejecución de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, desarrollado por la Facultad de Derecho de la casa de estudios superiores.

En la oportunidad, el Decano de dicha Facultad, Dr. José Francisco García, destacó la relevancia de esta jornada, indicando que “para nosotros uno de los objetivos específicos establecidos durante el año 2016 fue la obtención de la acreditación de la carrera de Derecho, situación que conlleva una serie de desafíos y metas, de los cuales somos conscientes y responsables. Al mismo tiempo, sabemos que como facultad tenemos el deber de promover la investigación y crear espacios que permitan el debate respecto a las principales políticas públicas del país. En este sentido, esta primera versión del seminario cumple con los ítems mencionados, más aún si consideramos el escenario actual”.

La autoridad universitaria se refirió   a la crisis que se ha generado en los últimos meses en uno de los organismos clave para el funcionamiento de la Ley Nº 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, como es el Servicio Nacional de Menores (SENAME). Este cuerpo legal   fue promulgado con el fin de crear un sistema de justicia especializado para un determinado grupo de población, sin embargo, las muertes de menores y adolescentes en centros de este organismo han generado un intenso debate sobre el tratamiento de los jóvenes infractores de ley.

Para la Directora Regional del SENAME, Ana Cecilia Retamal, la instancia generada por la U. Autónoma permite poner los datos estadísticos de este problemática sobre la mesa y “trabajar en virtud de esta información en beneficio de nuestros usuarios que son nuestras niñas, niños y adolescentes más vulnerables del país. Como SENAME  sabemos que estamos pasando por un momento complejo, pero no vemos esto como una crisis, sino más bien como una oportunidad para trabajar en función de mejorar. La Ley 20.084 es sumamente perfectible, tenemos mucho que avanzar en cuanto a la ejecución de ésta y espacio como este seminario nos permiten avanzar hacia esa meta”, explicó la autoridad.

En este sentido, uno de los expositores, Jean Smith del Instituto Internacional de Práctica Resolutiva con asiento en Perú, habló sobre la efectividad del cumplimiento de condenas en las cárceles, sosteniendo que en general, en los países latinoamericanos, en estos recintos hay sobrepoblación, pocos recursos y nulo espacio para la rehabilitación “Las personas no pueden realmente reintegrarse porque no tienen tiempo para pensar a quién han dañado, cómo han dañado, y querer el cambio. Lo que digo es que si pudiéramos trabajar con personas que cometen delitos pero en medios abiertos, salvo para los delitos muy graves, tendríamos menos gente en las cárceles y podríamos trabajar mejor con ellos”.

Por ello, planteó la necesidad de enfocarse en lo restaurativo, lo que significa trabajar con la gente y creer que puede cambiar “Cuando hay un delito es tratar de juntar víctima, victimario y comunidad, para ver si ellos pueden hablar un poco de lo que pasó, quién ha sido afectado, cómo ha sido afectado, cómo se ha sentido y qué pueden hacer. Es una justicia más humana”, concluyó.

 

Nueva ley de tramitación electrónica de procedimientos judiciales fue analizada en seminario de U. Autónoma

La Normativa legal comienza a regir el próximo 18 de junio en el Maule y tiene como objetivo aumentar los estándares de seguridad, transparencia y disponibilidad de las causas, disminuyendo la gran cantidad de papeles que se emana en cada proceso

La Ley Nº 20.886, promulgada en diciembre del año pasado, establece la tramitación digital de los procedimientos judiciales, terminando con la materialidad de los procesos y modificando el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil.

Esta normativa, que comienza en regir en todo el país –salvo en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción- el próximo 18 de junio, fue analizada en un seminario realizado en la Universidad Autónoma de Chile en Talca, el  que contó con una masiva asistencia de profesionales del área jurídica interesados en conocer los aspectos prácticos de esta nueva forma de registrar los juicios.

En la oportunidad se destacó los avances del Poder Judicial en materia de incorporación de tecnología en sus procesos, valorando este marco normativo el que apunta a entregar mayor certeza y regulación, especialmente,  en aquellas materias e instancias en que el papel seguía siendo el medio válido para registrar los procesos judiciales.

 “El sentido de esta ley es en el fondo asumir una forma de registrar los juicios de manera diversa. Es una nueva forma de resguardar la información, los juicios, los litigios que se van dando entre las partes para poder llegar a una solución. El objetivo es que tengamos procedimientos más ágiles, más rápidos, más económicos, más transparentes”, explicó el Presidente de la Corte de Apelaciones de Talca, Ministro Carlos Carrillo.

De esta manera, con  esta innovadora manera de tramitar las causas en todos los tribunales que forman parte del Poder Judicial, se termina con la materialidad del proceso al requerir que el ingreso de las demandas y de todos los escritos se realice de forma electrónica, así como también las resoluciones y actuaciones del tribunal, las que además contarán con firma electrónica avanzada.

Asimismo, la autoridad del Poder Judicial subrayó la importancia de este seminario organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, hecho que quedó reflejado en la masiva concurrencia y en la gran cantidad de consultas respecto de la nueva normativa. “Todos estamos comprometidos en los desafíos nuevos. Aquí nadie puede pensar que se puede quedar fuera del nuevo sistema, salvo que quiera, por supuesto. Pero si se quiere estar en el mundo jurídico hoy, hay que asumir los cambios que esto significa. Tenemos que dotar a los abogados de conocimientos mucho más allá de los básicos en los sistemas computacionales. Los nuevos procedimientos obligan a una formación más integral del abogado”, indicó el Ministro Carrillo.

En este contexto, el Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, Magíster Ricardo Herrera, precisó que éste es un cambio muy importante en la tramitación de las causas, “como carrera y como universidad debemos participar cooperando a que se difundan estos conocimientos jurídicos”.

Igualmente, subrayó que la carrera se está haciendo cargo de las nuevas competencias que requiere la formación de profesionales en el ámbito jurídico “Nuestra carrera, por ejemplo,  cuenta con la más moderna sala de litigación de la región, no me cabe duda. Pero ahora tenemos que pasar a otro desafío, vamos a tener que usar laboratorios para enseñar a tramitar electrónicamente. Ya no basta el pizarrón, no basta el data, no basta la sala de litigación, tenemos que pasar al tema electrónico”, puntualizó el académico.

Fuente: UAUTÓNOMA